El pasado 3 de marzo fue
una jornada donde convergieron sucesos que invitan a la reflexión. El
Presidente Rafael Correa visitó el Proyecto minero Mirador, concesionado a la transnacional
minera china ECSA (ECUACORRIENTE S.A.) en Zamora Chinchipe, para ver los
avances del mismo.
Paradójicamente en este
mismo día y en la misma provincia se debía realizar la audiencia de juzgamiento
por el asesinato del Dirigente Shuar José Tendetza, defensor del Bosque
Protector de la Cordillera del Cóndor y detractor de la explotación minera a
cielo abierto en la parroquia Tundayme (zona de influencia directa del proyecto
minero), cuyo cuerpo fue hallado sin vida a la orilla del río Zamora, atado y
con claras señales de violencia el pasado 2 de diciembre de 2014.
Mientras esto sucedía en
la Amazonía ecuatoriana, Honduras amanecía consternada por la noticia del violento
asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, conocida en su país y
Latinoamérica por su activismo en defensa de los derechos humanos y de la
naturaleza. Cáceres fue Coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de
Honduras COPINH y llevaba más de 20 años en la lucha por la defensa del agua y
los territorios de su pueblo Lenca.
El asesinato de líderes
comunitarios anti-mineros en el contexto de actividades extractivas no es
casualidad. América Latina -territorio rico en recursos naturales- tiene una
amplia experiencia sobre casos de violencia y diversos grados de represión a
sectores populares, desatados por las mismas empresas extractivistas y solapada
en muchos casos por los gobiernos, más allá de su orientación ideológica. El
respeto a la naturaleza, a los derechos humanos y a la autodeterminación de los
pueblos forma parte reiteradamente del “sacrificio” indispensable para el
desarrollo.
Sin embargo, cuando
escuchamos el discurso pro-minero del Presidente Correa revestirse de pureza y
buenas intenciones y posicionarse como el único e indiscutible camino para
salir de la pobreza, parecería que la realidad de los conflictos
socio-ambientales son cosa del imaginario fantasioso de algunos “tirapiedras”.
Según organismos de
Derechos Humanos, al momento se contabilizan más de 30 familias Shuar
despojadas de sus territorios en la zona concesionada, sin Consulta Previa,
violando derechos constitucionales. Sin embargo, el Presidente Correa desestimó
estos conflictos, dijo: “cada vez que se ha querido hacer un campamento,
movilizan gente para instalarse ahí para luego ser desalojados y victimizarse,
la represión. Sacan a ingenuos campesinos, ingenuos indígenas, agricultores
para meter la gran minería”.
De igual manera, atribuyó
las secuelas del desastre ambiental de la explotación petrolera al mal manejo
de los gobiernos de la “partidocracia”, más no al modelo extractivista en sí;
asegurando que ese pasado no se repetirá porque ahora hay un gobierno que “sabe
hacer bien las cosas”.
La representación de los hechos
desde el oficialismo, construye lo que el filósofo británico J. Austin denomina
un acto ilocutivo o un acto de palabra, es decir las palabras realizan una
acción más allá de lo dicho.
La fuerza
ilocutiva de los enunciados de Correa contienen un presupuesto implícito que
constituye un acto interno de la palabra en la medida en que el mandatario no
solo deslegitima explícitamente a quienes cuestionan el modelo, sino a todo
aquel que ponga en duda la buena fe de sus actos. Sus palabras están
aleccionando implícitamente a los receptores de su mensaje, al país; de esta
manera lo que dice Correa implica un mandato moral, el de agradecer a ojos
cerrados que ahora existe un gobierno que sabrá redistribuir los réditos de la
minería a cielo abierto.
El
discurso del desarrollo al inscribirse en este juego de poder nos aprisiona en
lo visible, parecería entonces que estamos ante un camino incuestionable e
irreversible; pero lo que queda fuera de la representación oficial es que el
modelo de crecimiento dominante es insostenible, puesto que no hay “minería
responsable” (como la llama el Presidente) que cubra los exorbitantes costos socio-ambientales
y de endeudamiento, ni mucho menos desarrollo por encima de los derechos
humanos y colectivos.
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